otras pruebas


 Christian W. McMillen. Making Indian Law. The Hualapai Land Case and the Birth of Ethnohistory. New Haven: Yale University Press, 2007.

Asumamos un postulado propio de la historia: todos los objetos e ideas tienen su propia historia. En el caso de éstas últimas es menos evidente y frecuenteñente asumimos posiciones ideas que parecen evidentes, pero que en realidad son errores transmitidos desde hace mucho tiempo. Entre los historiadores es frecuente señalar los diferentes significados de un concepto a través del tiempo. Es decir, lo que hoy llamamos de una manera puede ser que hace años se entendía de otra. Al hecho de definir o describir un fenómeno, objeto o idea del pasado en los términos del presente, se le llama anacronismo. Un buen ejemplo de anacronismo o de “idea recibida”, como dicen los franceses, es el concepto de “democracia”. Ese concepto lo usamos casi a diario y no dudamos en remitirnos a la antigua Grecia para señalar sus raíces. Sin embargo, hoy sabemos que la democracia, según la entendieron los antiguos griegos, dista mucho del ideal que nosotros tenemos. Hay muchos otros ejemplos que pueden citarse: la idea del “descubrimiento de América” fue criticada por Edmundo O’Gorman en su célebro libro La invención de América; el concepto de “genocidio” ha sido aplicado abusivamente por muchos historiadores para explicar la conquista española del siglo XVI. Sobre estos asuntos se ha escrito muchísimo y bastará señalar que las ideas, como las cosas, también tienen historia.

¿Qué pasa cuando un anacronismo llega a una corte judicial? Muy frecuentemente, en las cortes de los países occidentales los jueces se encuentran ante fenómenos que nunca existieron o que son descritos mediante ficciones o artificios. El juez que se enfrenta a tal situacion tiene dos posibilidades: o declara que no hay materia que juzgar, o utiliza una descripción ajena pero que ofrezca una descripción aproximada del fenómeno. Parece que estamos hablando de un mundo kafkiano. Sin embargo, esta situación es más frecuente de lo que pensamos.

Christian W. McMillen nos relata la historia en las cortes estadounidenses de uno de estos anacronismos. Se trata de un asunto que tomó tal importancia que marcó para siempre los casos que le siguieron sobre la misma materia. Se trata de la reivindicación de la propiedad de la tierra por parte del pueblo hualapai, en un territorio que hoy se ubica en el estado de Arizona, en los bordes del Gran Cañón del Colorado. El problema consistía en la aplicación del concepto occidental de “propiedad” a un pueblo cuyo sistema jurídico no tenía la misma percepción.

El problema inició a mediados del siglo XIX. Con el descubrimiento de las minas de oro y plata en California, el paso de población blanca por territorio hualapai se hizo frecuente. En 1866 estalló una guerra de guerrillas entre el ejército estadounidense y los indígenas tras la muerte del jefe de éstos. Tres años más tarde, tras la firma de un tratado de paz, los hualapai fueron usados como exploradores en la guerra contra los apache. La tribu hualapai vivió entonces sus peores momentos. Muchos indígenas migraron, otros se enrolaron en el ejército y su territorio fue invadido por rancheros, ganaderos y por el ferrocarril. Tras la creación de la reservación en 1881, la compañía de ferrocarril Santa Fe comenzó a litigar la propiedad de la tierra por donde pasaba. La reservación quedaría partida en dos y el acceso a un manantial se volvería imposible.

Territorio hualapai original. Tomado de la "Making Indian Law", p. xix

Para las cortes norteamericanas, el uso de la tierra de los hualapai no podía ser equiparado a la disposición que hace un propietario. Durante mucho tiempo los hualapai, como todos los indígenas, fueron considerados como pueblos primitivos. Su retraso quedaba demostrado por su incapacidad de formar propiedad y mucho menos propiedad privada. Tampoco poseían registros históricos y su nomadismo confirmaba el grado de incapacidad en el que se encontraban.

Estos argumentos, de corte evolucionista, etnocéntricos y pro occidentales, fueron repetidos una y otra vez en la administración y la justicia estadounidense. Los jueces y los funcionarios quedaban rápidamente convencidos de que no valía la pena molestarse por salvaguardar los derechos de los indígenas en general, y de los hualapai en este caso. Historiadores, antropólogos y etnólogos apoyaban esta posición y muchísimas publicaciones especializadas afirmaban que el retraso cultural de los hualapai no permitía un adecuado provecho del territorio que ocupaban.

Sin embargo, algunos funcionarios y abogados insistieron en darle cabida a los argumentos de los hualapai. El problema central consistía en la aplicación de categorías jurídicas propias al sistema jurídico occidental a una realidad completamente diferente en el momento que los jueces y los abogados buscaban la propiedad privada entre las tribus indígenas, ésta no aparecía por una razón muy sencilla: la concepción de la propiedad entre los indígenas es radicalmente distinta. Los funcionarios y abogados estadounidenses buscaban una ocupación dentaria y una explotación de la tierra, mientras que a los hualapai Les parecía completamente natural usar la tierra conforme a las temporadas, en lugares distintos y con una concepción de la propiedad más cercana a la copropiedad que al exclusiva de un solo individuo.

A esto se suma otra concepción de la historia radicalmente distinta a la que hasta entonces se tenía en Europa y en los Estados Unidos. A finales del siglo XIX los registros escritos como los archivos y las bibliotecas así como otro tipo de testimonios tangibles (monumentos, edificios, esculturas, etc.) eran considerados por muchos especialistas la fuente exclusiva de la historia cualquier pueblo. El problema con los indígenas de la América septentrional era que no poseían ninguno de estos registros. Los historiadores, los antropólogos y otros especialistas los consideraban por ello pueblos primitivos de los que no valía la pena ocuparse.

Mapa de la red de la compañía Atchison, Topeka and Santa Fe, en la que se observa la estación Peach Springs, donde se encontraba el manantial reclamado por los hualapai. Vía Wikipedia.

De este modo muchas personas tanto en la administración estadounidense como al interior de la tribu hualapai, se dieron a la tarea no solamente debe reunir testimonios y pruebas históricas de la ocupación de la tierra por parte de la tribu, sino hacerlas valer en juicio. De esta enorme actividad surgió un cuerpo documental vastísimo y una nueva disciplina social fruto de la etnología y de la historia: la etnohistoria. En efecto tanto la administración como los jueces desacreditaban todas las pruebas históricas aportadas por los indígenas, bajo el argumento de que no podían consistir en una prueba puesto que no eran idénticas a las que la sociedad occidental había generado.

Sin embargo, cuando en 1941 la Suprema Corte de Justicia decidió a favor de los hualapai, lo hizo con base en las pruebas aportadas por los indígenas: artefactos, usos y costumbres, con lo que reconoció la convivencia de dos sistemas jurídicos distintos. Si continuaban confrontados, la aplicación de la justicia sería imposible por lo que era necesario reconocer que los indios hualapai no solamente contaban con un concepto de propiedad sino que éste era distinto, y que las categorías occidentales no describían necesariamente la realidad de los indígenas. Por ejemplo, el concepto de tribu era una cómoda descripción sobre la organización social indígena, pero la realidad es que, al menos en el caso hualapai, la organización de ese pueblo es mucho más compleja.

De esta manera la Suprema Corte terminaba con la opinión sostenida hasta entonces por las cortes de otros estados de los EUA, que los pueblos nómadas no reunían los requisitos legales necesarios para defender en un tribunal la propiedad de la tierra. Más notablemente, daba marcha atrás a criterios como los sostenidos en el caso Lobo Solitario vs. Hitchcock, en el que la Corte había establecido que no era necesario el permiso de los indígenas para abrir las tierras a explotadores no indígenas.

Felix S. Cohen (1907-1953) es considerado el padre del Derecho Indígena en los Estados Unidos.

Dos personajes son claves en esta historia. Fred Mahone, indígena hualapai, fue quizás el primero en comenzar no sólo un gran activismo político entre su pueblo, sino a reunir sistemáticamente testimonios orales de los ancianos y de las tradiciones relacionadas con la reivindicación del territorio de su pueblo. Félix Cohen, fue un abogado de origen judío polaco, cuya febril actividad de investigación reunió el material suficiente para crear la doctrina jurídica del derecho indígena en los Estados Unidos de América. Sin la actividad de Mahone y de Cohen, el derecho estadounidense hubiera seguido considerando a los indígenas como pueblos culturalmente atrasados respecto a los blancos occidentales, el derecho no hubiera reconocido la validez de las pruebas aportadas por ciencias como la historia la etnología y la antropología y en el resto del mundo, por lo menos en el mundo sajón, otras reivindicaciones del mismo tipo no hubieran sido posibles.

Efectivamente, en Australia, Sudáfrica, Malasia y Canadá el caso de los hualapai es frecuentemente citado en las cortes. Es, sin duda alguna, el precedente más importante y el que da origen a tales reivindicaciones. Desde un punto de vista teórico este caso demuestra la posibilidad de sustentar argumentos procedentes de disciplinas científicas alejadas del razonamiento jurídico y que en principio, no tendría ninguna relevancia. La interdisciplinariedad se revela no solamente importante a nivel teórico, sino esencial en el momento de proteger los derechos de minorías.

El único reproche que podría hacérsele a McMillen es la desparición, hacia la segunda parte de su libro, de los indígenas. Casi podría decirse que cae en lo que él mismo critica. Sin embargo, creo que es una importantísima contribución a la historia del derecho, a la discusión sobre la interdisciplinariedad y al derecho indígena en los Estados Unidos.

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